Ricardo Vargas


Comercio Exterior

EL DILEMA DE LA REDUCCIÓN DE COSTOS EN LA CADENA LOGÍSTICA.

La competitividad se ha convertido hoy día en el tema más recurrente en cualquier diario a nivel nacional; tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo lo han convertido en el tema sustancial y de primer orden en el quehacer económico de la Nación.

 

Los sectores productivos sin excepción, se enfrentan a la constante demanda de los consumidores sobre abaratamiento de precios o en consecuencia, la pérdida de mercado. Así los productores ejercen sobre sus proveedores de bienes y servicios la premisa de “o te bajas o te dejo”.

 

La cadena logística, por supuesto no es la excepción, menos lo es en el comercio internacional de mercancías. Una empresa en una compra venta internacional de mercancías, requiere por cada operación de comercio exterior, de un exportador que le venderá según el incoterm acordado entre ambos, sin descartar los costos que se generan desde el empaque común de la mercadería, pasando por el embalaje de exportación y las maniobras necesarias para poner la mercancía en el puerto de exportación.

 

Si esta negociación es entre países -como recurrentemente le sucede a México con sus socios comerciales de Norte, Centro y Sudamérica- que han visto severamente vulneralizada su Seguridad Nacional por la delincuencia organizada, las mercancías tendrán que someterse al cumplimiento de protocolos de seguridad interregional que incluyen medidas de revisión como rayos gamma, rayos x, inspecciones de seguridad con rastreo canino o simplemente la intervención de fuerzas distintas a las autoridades aduaneras, que generarán durante estas revisiones obligatorias o aleatorias, costos extras de carga y descarga.

 

Esto sin considerar el seguro que el agente de cargo ó el agente aduanal, si es que no lo ha hecho ya el propio exportador ó importador, tendrá que contratar para cubrir los posibles daños ó robos que la mercancía pueda sufrir en su internación a las fronteras.

 

Hoy estamos viviendo una época en donde la sustracción de embarques se ha hecho más que común internacionalmente; por ello, el embalaje de exportación tendrá que ser de alguna manera reforzado -otra razón para el encarecimiento de la operación-. Claro, esto bajo el entendido de que el agente de carga o el A. A. desempeñe adecuadamente su trabajo y se interese por cubrir satisfactoriamente las necesidades de su cliente, quien seguramente preferirá que su mercancía arribe a sus bodegas, a perder su inversión, lo que nos lleva al siguiente cuestionamiento ¿qué costo está dispuesto a pagar?.

 

Ahora bien, si entramos en la dinámica de la transportación, tenemos que considerar los fletes domésticos hasta la aduana de exportación, el contrato de transporte principal y los fletes para la entrega final, que con el incremento de los energéticos a nivel mundial, generan sobreprecios en la prestación del servicio, ya sea por modalidad marítima, aérea o terrestre. Todo lo anterior sin contemplar aún el costo de las gestiones de aduana.

 

Una vez que la mercancía arriba a la aduana de destino, muy probablemente tendrá que cumplir de nuevo con todos esos protocolos de seguridad, más aún cuando hoy día no hay mercancía exenta de ser infiltrada por la delincuencia organizada (terrorismo, drogas, armas, lavado de dinero) en el comercio mundial legítimo.

 

Sí, en efecto, más maniobras de carga, descarga, rayos, perros y humanos que intervienen y que se suman a la factura total, no del importador, menos del exportador, sino en la mayoría de los casos del agente de cargo ó el A. A., quienes por temor de que le hagan efectiva la premisa inicial, se “baja” para no perder al cliente.

 

Finalmente, una vez que la mercancía libera la aduana y que se podría asumir que no hay más costos extras por cubrir, nos enfrentamos nada más y nada menos que a la contratación del servicio de rastreo GPS y seguridad privada que escoltará la mercancía hasta la puerta de la bodega del importador; gastos obligados por el prestador de seguro inicial, quien para seguir respaldando la operación, demanda estas exigencias aunado a que la transportación se realice por autopistas –lo que implica el pago de casetas- y principalmente de día, lo que se traduce en más retrasos y recargos. Estas condiciones evidentemente acarrean costos adicionales que van impactando el precio de la logística y finalmente, el costo de adquisición.

 

Entonces ¿qué caminos nos quedan? UNO: La sustitución de los bienes de producción por materiales más baratos y de menor calidad; DOS: cambiar a proveedores de dudosa reputación, ó TRES: jugárnosla con nuestra buena suerte y confiar en que la mercancía no sufra algún robo, daño o perdida, quedando desprotegidos e indefensos el día en que esto suceda y carezcamos de instrumentos que nos permitan hacer la reclamación correspondiente.

 

Ante este dilema, ¿Será posible reducir costos en la cadena logística?, ¿Cómo hacemos para impactar lo menos posible el precio de los producto con el fin de que sean “competitivos” en el mercado?

 

Hoy día no hay opción, así son las cosas y sí que cuestan. El reducir los costos en la cadena logística, en la actualidad es más una utopía que una realidad, ¿no lo creen?

 

Y ¿qué tan alentador puede ser el panorama cuando el Ejecutivo apuesta por la facilitación comercial, la competitividad internacional y la Seguridad Nacional al mismo tiempo?, ¿en dónde queda parado el importador? y en consecuencia, ¿qué le espera al agente de cargo ó al prestador de servicios logísticos? Porque la demanda del importador seguirá siendo invariable.

 

En nuestro país –siendo lamentable reconocerlo-, los tres conceptos por los que está apostando el Ejecutivo tienden a ser contradictorios entre sí en algún momento. Por un lado, la normatividad vigente libera al importador de trámites burocráticos y papeleo que retrasan y postergan una operación; por otro lado, las revisiones exhaustivas en las aduanas y fuera de ellas, la necesidad de realizar previos minuciosos para evitar sorpresas durante el despacho y la prohibición en la importación o exportación de muestras de difícil identificación que puedan representar un riesgo para la seguridad nacional incrementan los tiempos de despacho e implican pérdidas para el importador; y por último, el tránsito de las mercancías por vías de comunicación sin las mínimas condiciones de mantenimiento, los altos índices de inseguridad, los precios de los combustibles, la desregulación comercial y la apertura indiscriminada merman sin ser la intención principal, la capacidad productiva de la mayoría de las MiPyME´s -quienes más empleos producen-, marginando su competitividad. 

Este pequeño análisis, claro esta, no considera el gran impacto que tendrá en la Industria y la economía nacional el constante incremento desmedido de los costos en la cadena logística, lo cual resta competitividad a nivel interno, ya ni hablar a nivel internacional.

 

La exigencia esta centrada sobre los prestadores de servicios logísticos, sobre los que recae la obligación de buscar proveedores “buenos, bonitos y baratos”. Y ¿cuándo van a comenzar el Ejecutivo y el Legislativo a brindarnos seguridad en las vías de comunicación que permitan exentar el cumplimiento de ciertos costos de seguridad?; ¿ó reformar la política fiscal para cobrarles menos a más?; ¿ó a reducir la inflación para disminuir los costos de producción?; ¿ó simple y sencillamente, rediseñar la política energética por una integral y que permita seguir controlando la explotación de nuestros energéticos?

 

El Ejecutivo ha hecho la parte fácil para contribuir al incremento de la competitividad, que es desregular para importar, lo cuál no desmerita su labor; por algún lado habremos de empezar, ¿no es así? Sin embargo, al Ejecutivo se le ha olvidado la parte difícil: el trabajo sucio que exige voluntad política, cabildeo interparlamentario, políticas intergubernamentales y sobre todo, mucha creatividad para conjuntar los esfuerzos en una política económica realmente competitiva, sentido en el cuál muy probablemente se haya dado el cambio de Secretario, indicando que el camino estaba errado.

 

Lo único cierto es que no basta con los esfuerzos que hasta ahora se han impulsado; nuestro país necesita un esfuerzo de otra índole. El centrar como eje de la política al consumidor y en función de esto asumir que la apertura indiscriminada y la desregulación ampliada son la fórmula para mejorar su nivel de vida reduciendo los costos de los productos colocados en el mercado es la mayor ilusión creada por la administración fecalista; mientras se siga optando por políticas sectoriales y no integrales, el resultado seguirá siendo el mismo: crecimiento ambiguo, sí; desarrollo integral, ni pensarlo.

 

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La subsistencia de GI´s en el mercado mexicano.

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Evaluación de México ante el TLCAN

 

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